El Senado aprobó por unanimidad con 127 votos a favor y ninguno en contra la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

 

El dictamen que se votó este jueves ante el pleno del Senado incluyó cambios importantes en su conformación: será de carácter civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

 

Éste regresará a la Cámara de Diputados, que es la cámara de origen, para su análisis y aprobación. Después el dictamen será enviado a los congresos locales, donde 17 deberán dar su visto bueno, por tratarse de una reforma constitucional.

 

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las instituciones policiales, detalla, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y a la perspectiva de género.

 

Esta mañana, en conferencia de prensa, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que se llegó a un acuerdo histórico con todas las bancadas para aprobar la Guardia Nacional, por unanimidad, bajo un mando civil.

 

Los senadores acordaron ya una temporalidad de cinco años en la Guardia Nacional, incorporar los criterios de los organismos internacionales y establecer un plazo de entre 60 y 90 días para aprobar, al menos, tres leyes secundarias.

 

El dictamen detalla que durante cinco años, mientras entra en vigor el decreto y la Guardia Nacional desarrolla su estructura y capacidades, el Ejército y la Marina trabajarán en tareas de seguridad pública.

 

“La secretarias de la Defensa Nacional y la Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de Seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrían estar homologados a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente”, detalla.

 

De acuerdo con el documento, se plantea la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor propuesta en la minuta original.

 

Asimismo, refiere que los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no exceda de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.

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